Este incremento obedece a que el número de trabajadores afectados por las situaciones de insolvencia y quiebra de sus empresas creció en un 33,4 por ciento, al pasar de los 78.337 entre enero y agosto de 1993 a los 104.517 del mismo periodo de 1994.

Los datos del Ministerio de Trabajo indican que la mayoría de la empresas (15.195) son pequeñas sociedades de menos de veinticinco trabajadores, a las que pertenecían el 60 por ciento de ls afectados (61.997).

Asimismo, un 73,6 por ciento de las empresas (14.091) estuvieron afectadas por insolvencias, mientras que el resto de los pagos fueron destinados a 22.025 afectados por sociedades que realizaron regulaciones de empleo.POR COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, la mayor parte de los pagos correpondieron a trabajadores de Cataluña (14.083 millones) por delante del País Vasco (8.854), Comunidad Valenciana (8.497,7), Madrid (4.987), Andalucía (2.952,4), Castilla y León (2.32,3) y Aragón (2.130,3).

El resto correspondieron a Galicia (1.639), Canarias (1.400,), Asturias (1.334,6), Murcia (1.221,3), Cantabria (1.131,3), Baleares (730,8), Navarra (581,7), Extremadura (424), La Rioja (164,6) y Ceuta y Melilla (31,9).

El número de empresas afectadas por estas situaciones fue de 19.889 centros en 1994, frente a las 13.407 registrados durante los siete primeros meses del 93, lo que parece poner de manifiesto que los problemas de liquidez de las empresas más afectadas por lacrisis aún no son cosa del pasado.

Los pagos del Fogasa, que se financia con aportaciones de las empresas públicas y privadas, experimentaron un descenso continuado desde 1987, que quedó cortado el año pasado, cuando alcanzó un máximo de casi 74.000 millones, que será ampliamente superado en este ejercicio.