Eso supone un incremento del 29 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y rebasa lo abonado a lo largo de todo el ejercicio de 1992, que ya fue el peor del último cuatrienio, según datos del Ministerio de Trabajoa los que tuvo acceso Servimedia.

Los beneficiarios de las prestaciones fueron 105.864 trabajadores, que tuvieron que recurrir al Fogasa para cobrar un sueldo, en la mayoría de los casos por haber quebrado o haberse declarado insolvente la empresa ante los juzgados de lo social, trance en la que se vieron más de 83.000 personas.

La prestación media ascendió a 485.339 pesetas, un 4,7 por ciento más que en el mismo periodo de 1992, y se destinaron a trabajadores de 13.282 declaradas insolventes porlos tribunales y de 5.035 afectadas por expedientes de regulación.

En cuanto a las características de lsa empresas, siete de cada diez beneficiarios pertenecían a compañías con menos de 25 empleados, lo que pone de manifiesto la mayor fragilidad de las pequeñas empresas ante los embates de la crisis.

SOBRE TODO EN CATALUÑA

Por comunidades autónomas, la región a la que se asignaron más pagos por estos conceptos fue Cataluña (16.409 millones de pesetas), por delante de País Vasco (8.156 millones) la Comunidad Valenciana (7.535), Madrid (4.630) y Andalucía (3.335).

El resto se repartieron entre Aragón (1.894), Asturias (1.303), Baleares (915), Canarias (510), Cantabria (497), Castilla La Mancha (1.070), Castilla y León (1.337), Extremadura (317), Galicia (1.902), Murcia (759), Navarra (466), La Rioja (313) y Ceuta y Melilla (24,8).

La evolución de los pagos del Fogasa, que comenzó a funcionar en 1977, alcanzó su máximo en 1987, cuando superó los 70.000 millones de pesetas.

Su posterir reforma, para restringir el colectivo de posibles beneficiarios, permitió reducir los pagos, una tendencia favorecida por la mejoría de la economía en la segunda parte de los ochenta. La tendencia se rompió claramente en 1992 y este año, de mantenerse el ritmo medio del año, superará los 60.000 millones.