Esa cifra supone un incremento del 10,15 por ciento respecto a 1983 y representa la mayor cantidad pagada en su historia por este organismo, que se financia con la cuotas que pagan las empresas y los trabajadores desde su constitución en 1987.

Del dinero abonado, 70.861 millones se destinaron a empleados de empresas en situación de insolvencia y 10.552 millones a prestaciones por expedientes de regulación de empleo aplicados en sociedades de menos 25 trabajadores.

Los trabajadres que se beneficiaron de sus prestaciones fueron 158.804, que pertenecían a 31.878 compañías, por lo que el Fogasa tuvo que hacerse cargo del pago de los sueldos atrasados y las indemnizaciones fijadas en las Magistraturas de Trabajo. La prestación media cobrada ascendió a 512.669 pesetas.

Dos tercios de quienes recibieron estas ayudas habían trabajado para empresas de menos de 25 trabajadores, lo que pone de relieve que la crisis económica afectó sobre todo a las pequeñas compañías.

Los pagos el Fogasa registran una tendencia ascendente desde 1991, al iniciarse la crisis económica, y todavía no ha comenzado a reflejar la mejoría que muestra el crecimiento de la economía, presumiblemente porque éste apenas ha comenzado a trasladarse al empleo.

Además, es preciso tener en cuenta que los pagos se efectúan con un retraso de varios meses, por lo que los datos cerrados de 1994 podrían ser reflejo en buena parte de situaciones de insolvencia generadas en 1993.

Por otra parte, los datos del Mnisterio de Trabajo muestran que Cataluña fue la comunidad que se llevó una mayor parte de los fondos del Fogasa, con 21.131 millones de pesetas, por delante, de Valencia, con 12.570 millones; País Vasco, con 12.137 millones; y Madrid, con 8.776 millones.

El resto correspondió a Andalucía (5.003 millones), Aragón (3.581), Asturias (2.025), Baleares (1.135), Canarias (1.869), Castilla La Mancha (2.019), Castilla y León (3.296,6), Extremadura (510), Galicia (2.408), Murcia (1.931), Navarra (864), La Rioa (470), y Ceuta y Melilla (60,3).