Así lo pone de relieve el organismo en las concusiones preliminares de la misión oficial en España, que se lleva a cabo en la mayoría de los países miembros, en el marco del Artículo IV del convenio consultivo del FMI.

En las conclusiones, el organismo se refiere a la subida del SMI y destaca que se ha incrementado más de un 50% en los últimos cinco años. Tras considerar que ya se encuentra en el 60% del salario medio, aconseja que cualquier aumento adicional tenga en cuenta “los posibles efectos perjudiciales en el empleo poco calificado y guiarse por las recomendaciones de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, a la que a su vez se le debería conceder más autonomía y peso institucional”.

El FMI también se refiere a la jornada laboral y alerta de que si no se diseña correctamente, “podría incrementar los costes laborales y reducir la producción y los ingresos de los trabajadores a largo plazo”. Para contener estos “efectos adversos”, propone que vaya acompañada de una “moderación salarial”, que se adapte a los sectores, que dé flexibilidad permitiendo anualizar la reducción de horas y tenga en cuenta “la interacción con el salario mínimo”.

Asimismo, en caso de que se considere una eventual reducción de la jornada laboral en el sector público, la misma “deberá ser proporcional a la reducida brecha entre las horas de trabajo efectivas y la norma legal propuesta”.

Respecto a otras medidas de política laboral, el FMI aboga por “relajar” la protección del desempleo, “reduciendo la incertidumbre en torno a los costes de despido”, para que las empresas tengan más incentivos a contratar de manera indefinida, y considera que subir las cotizaciones por desempleo a las empresas con mayor rotación de personal “podría desalentar excesivas transiciones entre actividad e inactividad” bajo los fijos discontinuos. Sobre estos contratos, también pidió un “monitoreo más preciso utilizando información estadística adicional”.

El FMI valora que la reforma laboral ha reducido la dualidad en el mercado laboral, pero cree que su impacto general sobre las transiciones del empleo al desempleo es menos claro.

Igualmente, reclama restringir el uso de contratos temporales en el sector público, tal y como está previsto, para seguir reduciendo la tasa de temporalidad.

Sobre las políticas activas de empleo, pide reforzar los requisitos de activación y converger hacia un modelo de “ventanilla única” de políticas activas y pasivas. También ve margen para aumentar el gasto en estas políticas, mejorar la eficacia de las agencias regionales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y propone aumentar los incentivos para aceptar ofertas de empleo.