El documento hace una propuesta inicial de 20.600 empleos, de los que 10.500 serán para trabajos temporales y 10.100 para trabajos permanentes (de una año de duración), entre otras indicaciones.

Ambos sindicatos insisten en que, de existir una política de cupos, tanto ellos como las asociacions de inmigrantes deben tener una participación para garantizar los derechos laborales y sociales de los trabajadores que pudieran entrar dentro de esos cupos.

A juicio de UGT, no se puede aceptar la apreciación que figura a lo largo del documento sobre las "rigideces del mercado" como exclusiva causante del desajuste entre la oferta y la demanda laboral, convirtiendo a los contingentes en pura "medida de endurecimiento o flexibilización del mercado de trabajo".

Asímismo, el sindicato asegura que s necesario suprimir la idea de la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las campañas de inspección específica para inmigrantes, porque es "inceptable incidir en el binomio extranjero-delincuente", según UGT.

José Roldán, responsable del departamento de Emigración e Inmigración de CCOO, señaló que su sindicato cree que a través de la política de cupos no se va a poder canalizar los flujos migratorios que vienen hacia el Estado español, entre otras cosas, porque "no tiene en cuenta una pate importante del mercado laboral real que existe, que es el que ocupa la economía sumergida".

Por otra parte, Roldán aseguró que la política de cupos que ya se ha aplicado en otros países no ha dado buenos resultados, porque no se han tenido en cuenta fenómenos como la agrupación familiar ó la economía sumergida.

El documento de propuesta de contingente de trabajadores extranjeros para el 93, elaborado por el Ejecutivo, basa la configuración de éste en los calculos de oferta y demanda registradaen el INEM lo que, a juicio de UGT, es distorsionador, dado que los sectores en los que realmente se insertan estos trabajadores suelen funcionar al margen del servicio de empleo público.

Para CCOO, la política planteada por el Gobierno español puede ser utilizada como un "toma y daca" con determinados gobiernos como el marroquí, con una intención distinta de lo que es propiamente una canalización de ofertas y demandas de empleo y puedan intermediar otros aspectos de carácter político de intereses de stado.

UGT entiende que para que la política activa de inmigración tenga éxito es urgente replantearse la legislación existente hasta ahora, especialmente la llamada Ley de Extranjería, con el fín de adecuarla a la nueva concepción que se propone con el presente documento.