En su informe, l fiscal estima que "no cabe imputar a ninguno de los tres querellados la comisión" de los delitos que les imputa Castells de infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación al ocultar o hacer desaparecer las diligencias informativas incoadas por el ex fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián Luis Navajas y que, según el denunciante, fueron remitidas en su día a la Fiscalía General del Estado "ignorándose donde se encuentran".

El representante del ministerio público afirma en su escrito qe dichas diligencias informativas incoadas por Navajas con el número 1/89 "no fueron remitidas (no tenían por qué) a la Fiscalía General del Estado, lo que sí fue remitido fue un informe reservado, resumen de aquéllas, para conocimiento particular de la Fiscalía General del Estado, pero que en nada afectaba a las vicisitudes legales de las diligencias informativas".

El fiscal precisa que a raiz de la querella de Castells "se procedió a buscar entre la documentación obrante en los archivos de la Fiscala General del Estado, tal informe" y señala que aunque el original no ha aparecido "sí se ha encontrado un fax remitido unos meses más tarde desde la Fiscalía de San Sebastián que constituye una copia de tal informe".

Añade que, además, el pasado día 19 de abril, a requerimiento del fiscal general del Estado, Carlos Granados, el fiscal jefe de San Sebastián entregó personalmente una copia tanto de las diligencias informativas 1/89 como del procedimiento seguido en el juzgado, que finalmente fue sobresído. Por ello, considera que los hechos no constituyen delito.

El fiscal recuerda que Navajas incoó las diligencias informativas 1/89 el 8 de febrero de 1989 después de entrevistarse con miembros de la Guardia Civil que le expusieron la existencia de redes de contrabando y narcotráfico que operaban en Guipúzcoa y las posibles implicaciones en tales actividades de miembros de la Benemérita y de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Posteriormente, el 12 de mayo de ese año, el fiscal Navjas elevó al fiscal general del Estado un informe secreto y reservado que contenía un resumen de esas diligencias informativas, lo que motivó la apertura de una investigación interna en la Guardia Civil cuyos resultados fueron notificados al fiscal general del Estado en enero de 1991 y éste los comunicó al fiscal Navajas.

Navajas pidió entonces al juzgado de instrucción número 1 de San Sebastián la práctica de una serie de actuaciones que dieron lugar a las diligencias previas 491/1991 el 14 de marzo e 1991, aunque el procedimiento fue sobreseído provisionalmente el 25 de noviembre de 1993 al no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito.

Según el fiscal, tales diligencias concuerdan en los hechos y personas con el objeto de la investigación realizada por el fiscal Navajas pero precisa que "son dos cosas distintas" por lo que, en su opinión, "de la identificación entre ambos surge un equívoco que es la base fundamental del relato fáctico que se contiene en la querella".

Así, ras insistir en que la investigación del fiscal Navajas no fue remitida a la Fiscalía General del Estado, sino un resumen del mismo, reconoce que no consta oficialmente la entrada de éste en los registros de la fiscalía porque fue entregado en mano el 12 de mayo de 1989 "dado su carácter reservado y estrictamente interno y confidencial".