En el documento remitido a la Comisión Europea, el Ejecutivo regional ratificó las causas que motivaron la presentación de la denuncia al afirmar que la decisión de Ramondín de trasladarse al municipio de Laguardia (Alava) "obedece exclusivamente a la intención de aliviar las cargas fiscales que recaen sobre el presupuesto de la misma" con el objetivo de obtener una ventaja económica de la Administración foral vasca sin que ésta reciba contrapartida aluna.

Según el Gobierno riojano, "estas observaciones se ven ratificadas" por la reciente decisión de la Comisión Europea de abrir procedimiento de infracción contra seis regímenes de ayudas fiscales del País Vasco y uno de Navarra "al considerar que dichos incentivos son auténticas 'ayudas de Estado'".

Entre esas ayudas se encuentra el crédito fiscal que se concede en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya a las empresas que realizan inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas, como es el caso de la epresa Ramondín.

El Gobierno de La Rioja indicó que el abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Antonio Saggio, ya destacó que el hecho de que las medidas examinadas sean adoptadas por autoridades territoriales dotadas de competencia exclusiva con arreglo al derecho nacional, no es suficiente para justificar un trato preferencial dado a empresas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las normas forales.