El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza recurre así -primero ante el juez y de forma susidiaria ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- la decisión del juez Andreu de dejar en libertad a los piratas y rechazar su entrega a Kenia.

El pasado viernes, en contra de su criterio y obligado por el cambio de postura de la Fiscalía -quien en un primer momento pidió el traslado de los piratas a España y su ingreso en prisión-, el juez Andreu dejó en libertad a los bucaneros somalíes y rechazó su entrega a Kenia.

En concreto, a través de un escrito dirigido hoy al juez, la fiscal encargada del caso, Blanca Rodríguez, pide que el juez decrete el archivo de la causa abierta tras la captura de los piratas.

Además, pide a Andreu que aclare que su decisión de dejar en libertad a los piratas no impide que sean entregados a Kenia en virtud del acuerdo firmado sobre la materia entre la Unión Europea y el país africano.

NO ES UN PROCESO DE EXTRADICIÓN

Andreu señaló el pasado viernes que no se podía realizar la entrega a Kenia porque, al haber abierto ya una causa, los piratas somalíes se encuentran sujetos al proceso penal español y su entrega "quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías de las personas que se ven sujetas al mismo".

Es decir, que la entrega de los piratas a Kenia quebrantaría las normas constitucionales y los trámites procesales que rigen los procesos de extradición para la entrega de cualquier persona o otro país.

Pero, en contra de este criterio, la fiscal Rodríguez considera que la puesta en libertad de los detenidos pedida por la Fiscalía y acordada por Andreu "se refiere exclusivamente a este procedimiento concreto y la misma no impide la entrega de los detenidos a Kenia".

El escrito argumenta que, en este caso, no se trata de entregar a unas personas que están detenidas a otro Estado en virtud de una reclamación de ese país, lo que sí sería objeto de un proceso de extradición, sino que se trata de "una entrega directa por las fuerzas competentes que han practicado la detención a las autoridades del país que es competente para su enjuiciamiento", en virtud del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Kenia.

Por último, la representante del Ministerio Público señala que los procedimientos de entrega de delincuentes "pueden ser también de naturaleza administrativa", como sucede en el caso de los decretos de expulsión de inmigrante ilegales.

ARCHIVO DE LA QUERELLA

La fiscal encargada del caso solicita también al juez que decrete el archivo de la causa y que comunique la decisión al Estado Mayor de la Defensa para que pueda ordenar la entrega de los piratas a Kenia.

El escrito señala que, al haber quedado sin efecto la prisión provisional decretada para los piratas, "las presentes diligencias previas han quedado sin contenido".

En este sentido, la fiscal Rodríguez asegura que el delito de piratería marítina "carece de tipificación legal expresa en nuestro derecho penal" por lo que no se podría garantizar ni la sujeción de los piratas al proceso penal iniciado en la Audiencia Nacional ni su posterior enjuiciamiento, "con la consecuencia no deseada" de que los detenidos "podrían quedar impunes".

Por otro lado, la Fiscalía dice que el convenio firmado con Kenia "es también de obligado cumplimiento para las fuerzas militares españolas", por lo que sería "difícilmente entendible que fueran aplicados por otros países de la Unión Europea" y no por España.

El citado tratado "ofrece garantías suficientes de que la jurisdicción del Estado de Kenia asume el compromiso de respetar los derechos fundamentales de los detenidos", señala el escrito de Rodríguez.

Esta misma mañana, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, solicitó su personación en la causa y pidió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revoque la decisión del juez Andreu de dejar en libertad a los piratas para que puedan ser entregados a Kenia.