Según fuentes judiciales consultadas por Servimedia, l iniciativa de la Fiscalía se debe a la posibilidad de que se deriven actuaciones delictivas de los hechos que han sido investigados y que hacen referencia a la contratación por parte del Gobierno aragonés de la agencia de detectives Diamond.

Según denunció Antonio González Triviño, esta agencia de investigaciones realizó un barrido telefónico en la sede del Ejecutivo autónomo y elaboró diversos informes sobre empresas privadas de la cuenca minera turolense y determinados líderes políticos, entre los ue se hallaría el propio Triviño. Estos trabajos, con un coste de unos 15 millones de pesetas, fueron abonados, según la Fiscalía del TSJA, con fondos públicos.

El comunicado de la Fiscalía no especifica la identidad de los posibles inculpados, aunque, según las mismas fuentes, la tramitación del caso ante un Tribunal Superior implica que al menos uno de éstos ha de poseer la condición de aforado.

Dado que el ex presidente del Gobierno autónomo aragonés, el socialista José Marco, que fue quien enargó los servicios de Diamond, ya no conserva tal condición de aforado, todo parece indicar que la implicación judicial apuntaría al actual presidente en funciones, el también socialista Ramón Tejedor.

Tejedor fue quien, desde su puesto de consejero de la Presidencia, tramitó la convalidación de las facturas presentadas por Diamond y dio orden de pago de las mismas.

Ahora, tras el envío del informe de la Fiscalía a la Sala de lo Penal del TSJA, se abre el plazo para la designación de un magistrad que será el encargado de instruir el caso y de practicar todas aquellas pruebas que crea necesarias para dictar auto de procesamiento contra quienes estime responsables o, en su defecto, decretar el sobreseimiento de la causa.