El borrador está prácticamente listo y pendiente de la firma del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y del posterior visado de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, según adelantó la cadena COPE. El archivo sólo se refiere a una de las líneas de investigación que tiene abiertas el Ministerio Público sobre las actividades del exjefe del Estado.

Las otras dos se refieren al supuesto cobro de comisiones por la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas y al presunto uso de tarjetas opacas al fisco por parte de don Juan Carlos y de otros miembros de su familia.

Luzón es el máximo responsable de la investigación tras el fallecimiento del teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos. El documento no tiene aún fecha ni está firmado, y argumenta la petición de archivo en que Juan Carlos I nunca se benefició del fondo ubicado en el paraíso fiscal.

Fue el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) el que encontró dinero no declarado procedente de un 'trust' en la isla de Jersey. Según la Fiscalía, el 'trust' es "un instrumento económico y jurídico del derecho anglosajón, de naturaleza fiduciaria, mediante el cual la persona que lo constituye ('setlord') crea un patrimonio separado al cual se le transmiten unos activos que son administrados por un 'trustee' en favor de las personas designadas como beneficiarios".

Si bien ese 'trust' existe, el Ministerio Público no ha hallado “indicio alguno” que vincule a Juan Carlos I porque “en ningún momento” tuvo la condición de “beneficiario del 'trust' ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas”, aunque el dinero con el que se creó sí era de su propiedad.

Anticorrupción afirma que el dinero procede de dos trust creados en 1995 y 1997 por el asesor del monarca Manuel Prado y Colón de Carvajal, con el objetivo de garantizar el bienestar económico de la familia del entonces rey en caso de crisis institucional o golpe de Estado, que les obligada a abandonar España.

Las cantidades se acabaron traspasando aun nuevo trust que formalizó Joaquín Romero Maura, otro de sus asesores, ya en 2004, dada la estabilidad política en España y que el conocimiento público de esas cuentas habría “exigido embarazosas explicaciones”.

La Fiscalía afirma que ese trust tuvo una baja actividad y que en ningún caso, los beneficios obtenidos “en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna”. De hecho el titular de esos fondos es Romero Maura que nombró herederos a su mujer y al British Refugee Council, que es una organización de caridad para refugiados que huyen de zonas de conflicto.

Juan Carlos I ha realizado en estos últimos años dos regularizaciones fiscales. La primera de ellas por un monto de 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. La segunda realizada en febrero de 2021, alcanzó los 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.