Esta medida ha sido adoptada después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara al Estado español a indemnizar con 3 millones de pesetas al abogado de Herri Batasuna Miguel Castells por iolar su derecho a la libertad de expresión.

El Tribunal Supremo condenó a Castells a un año de prisión menor por un artículo publicado en 1979, en el que responsabilizaba al Gobierno de diversos atentados contra militantes nacionalistas.

La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que ratificó el fallo, por lo que el letrado acudió al Tribunal Europeo, que le dio la razón por estimar que "los límites de la crítica admisible son más amplios con respecto al Gobierno que al de un siple particular o incluso de un hombre público".

El dictamen aludió de forma directa al papel que desempeña la prensa y la importancia de la libertad de expresión en un sistema democrático, subrayando que ésta "vale no sólo para las informaciones o ideas favorables o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan o inquietan".

En la actualidad, el Tribunal Supremo tramita un total de 16 querellas por delitos de injurias y calumnias, de las que 8 han sido interpestas contra políticos de HB y 3 contra el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos.

De las 8 causas seguidas contra miembros de la Mesa Nacional de HB, 5 corresponden a declaraciones efectuadas por el parlamentario Jon Idígoras, una de ellas por afirmar que el presidente del Gobierno, Felipe González, ha sido "el más corrupto de la historia de España".

Asimismo, Idígoras y Patxi Zabaleta tienen abiertas sendas causas por referirse a "la larga y siniestra historia de venganza que caracteriza a a policía española", después de la muerte de dos etarras tras el atentado a la casa cuartel de Vic.

Las últimas querellas contra políticos "abertzales" se remontan a principios de este año contra Idígoras, Zabaleta, Florenz Aoiz y Adolfo Araiz por delitos de calumnias y desacato integrado por expresiones injuriosas, contra el consejero del Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, y el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren.

Las denuncias fueron elevadas por sus manifestaciones en difeentes ruedas de prensa tras la desarticulación de una red de cobradores del "impuesto revolucionario" de ETA, en la que está supuestamente implicado el senador de HB Iñigo Iruin.