El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, informó a Servimedia de que ha dado instrucciones a la Fiscalía del País Vasco para que interponga recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de la citada comunidad autónoma.

En la resolución que será recurrida, los magistrados concluyeron que las palabras de Otegi, pronunciadas en una rueda de prensa el 26 de febrero de 2003, fueron "ofensivas, impropias, injustas, oprobiosas y ajenas a la realidad", pero que están amparadas por el derecho a la libertad de expresión de los representantes políticos.

Por contra, Conde-Pumpido opinó que la Fiscalía entiende que este argumento "no es convincente", puesto que "la figura del Rey debe tener una protección especial" y "no está en el debate político directo e inmediato".

Añadió que el recurso ante el Supremo servirá para que este tribunal "se pronuncie de una manera efectiva de dónde están los límites de la libertad de expresión política cuando esos límites chocan directamente con una figura que para nosotros es esencial, como Su Majestad el Rey, y, por otro, con un derecho fundamental de todos a no ser objeto de injurias, sobre todo con hechos manifiestamente inciertos".