En su recurso, la Fiscalía considera que el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, además de ir en contra del derecho a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución.

El Ministerio Público pide además al TSJ de Canarias que acuerde la suspensión del citado protocolo como medida cautelarísima, dado de que su puesta en marcha implicaría la “ausencia de atención inmediata” a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas del archipiélago.

Esta nueva norma aprobada por el Gobierno canario establece que antes de la entrega del menor a las autoridades se exige su previa identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (Rmena), y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.

Una que vez que se confirme la disponibilidad de plaza se realizará la recepción del menor por la comunidad autónoma y la entrega a los funcionarios del Estado se realizara en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o en lugares habilitados cuando no haya comisarías.