El fiscal Pedro Martínez volvió a pedir que el juez archive la instrucción de la causa, al entender que Israel tiene "carácter preferente" para investigar los hechos. Con este recurso, es la Sala de lo Penal la que debe decidir si se sigue investigando a Israel o si se archiva la querella.

"La posición de la Fiscalía es clara desde el principio, condicionando la admisión de la querella a la comprobación de la inexistencia de alguna actuación judicial de investigación por los hechos denunciados en territorio israelí", señala el escrito del fiscal Martínez.

En este sentido, indica que en la propia querella "ya se advierte de que se han puesto en marcha varias iniciativas para esclarecer e investigar el ataque".

La querella está dirigida contra el ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y otros seis militares, a los que se acusa de crímenes de guerra por ordenar o participar en el bombardeo en la ciudad de Gaza en el que murieron 15 personas, la mayoría niños, debido a un ataque de la aviación israelí que pretendía acabar con la vida del presunto líder de Hamás Salah Shehadeh.

Al contrario de lo sostenido por la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza, Andreu entiende que Israel nunca ha llevado a cabo una investigación seria sobre los hechos, por lo que considera que la Audiencia Nacional sí es competente para iniciar su propia investigación, según se recogía en el auto dictado el pasado lunes por el que decidió continuar con las diligencias.

"INTERPRETACIÓN OPORTUNISTA"

En lo referente a este extremo, la Fiscalía acusa a Andreu de haber realizado una "interpretación oportunista" de las investigaciones llevadas a cabo por Israel, ya que el magistrado aseguró que la comisión militar creada en ese país para esclarecer los hechos se rigió "por criterios puramente miiltares, estratégicos y operativos".

En concreto, un grupo de víctimas presentó ante el Tribunal Supremo de Israel hace más de seis años una querella por el bombardeo. Este órgano jurídico decidió remitir el caso a una comisión consultiva creada por el Gobierno y que, según denunciaron las víctimas, pecaba de parcialidad al estar formada por varios ex militares, si bien el Supremo rechazó estas acusaciones.

El fiscal Martínez asegura que detrás de la "interpretación oportunista" de Andreu "late una desconfianza absoluta hacia un sistema judicial y un Estado de Derecho" y considera que las investigaciones llevadas a cabo por Israel, "con independencia de cuál sea su resultado final, respondieron a los cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho".

Las decisiones adoptadas al respecto por la justicia israelí "satisfacen plenamente -desde la perspectiva constitucional- las exigencias derivadas de la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva por una justicia independiente e imparcial", asegura la Fiscalía.

El pasado 2 de abril, el fiscal Martínez, en un escrito dirigido a Andreu, ya pidió al magistrado el archivo de la investigación y afirmó que "España no puede convertirse en una tercera instancia mundial".

En contra de esta tesis, Andreu aseguraba en el auto hecho público el lunes que "desde la fecha de comisión de los hechos, en el mes de julio de 2002, las autoridades de Israel no han incoado ningún procedimiento criminal que tenga por objeto determinar si de los hechos denunciados puede derivarse la existencia de algún tipo de responsabilidad penal".