El Ministerio Público recurre la providencia del juez instructor al considerar que es una contradicción citar a Sánchez para una declaración presencial en su despacho, una opción reservada a los hechos que no tengan que ver con el ejercicio del cargo de presidente, cuando el delito de tráfico de influencias estaría directamente relacionado con su cargo. Esta última opción permitiría al presidente declarar por escrito.

El recurso detalla que “hay actuaciones conocidas y desarrolladas” por Pedro Sánchez “en el marco de la función de presidente de Gobierno”, por lo que “si se fuera coherente con lo manifestado, (...) se permitiría una declaración escrita, y no se acudiría al escenario ahora planteado, acudiendo al subterfugio de no considerar esta declaración como referida a hechos conocidos en ejercicio del cargo”.

La Fiscalía destaca lo que considera “disfunciones” en la instrucción y cita en concreto que el juez haya imputado a Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Goyache, después de haberles tomado declaración como testigos. Los testigos están obligados a responder a las partes y a decir verdad, además de no contar con asistencia letrada.

En ese sentido, el Ministerio Público ve “preocupante cómo se usa y toma en consideración sus propias declaraciones testificales bajo juramento” para transformar su condición en la d investigados a los que se atribuyen delitos. Así, sus declaraciones se han podido convertir en datos “incriminatorios” sin respetar su derecho de defensa.

El Ministerio Público entiende que los hechos por los que Sánchez será interrogado habrían estado en su conocimiento en razón de su cargo, tal como ocurriría con el rescate de Air Europa o las gestiones de su mujer con distintas empresas, a las que sólo habría tenido acceso como presidente, lo que le permitiría responder por escrito.

Insiste la Fiscalía en que la investigación es “prospectiva y carente de indicios” y señala que el juez está realizando una instrucción “claramente desmesurada y carente de cualquier precisión o definición”.

El escrito de la Fiscalía concluye preguntando: “¿Qué se espera que declare el testigo llamado sobre la actividad atribuida a su esposa? ¿Que sea la primera persona de los llamados que afirme esa influencia y prevalimiento? ¿Que la conocía o que participó? ¿Que colaboró? ¿Que fomentó la actividad? Porque la parquedad de la resolución dictada (esa es otra cuestión), no nos permite conocer ciertos extremos de la misma”.