La querella sostiene que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha adoptado decisiones “arbitrarias y manifiestamente injustas” que podrían ser “delictivas”. Su abogado, Antonio Camacho sostenía que el instructor forzó la legislación perjudicando a su representada.

En un escrito de 53 páginas, la Fiscalía explica que no ha tenido acceso íntegro a las actuaciones y señala que los argumentos de la querella son insuficientes para abrir una causa contra el juez.

“En este momento y con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan en esta querella (…), no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite”, asegura el escrito. El Ministerio Público apoyó, sin embargo, la querella de Pedro Sánchez por condiciones que el juez le impuso para declarar presencialmente como testigo y que podrían haber estado condicionadas por “fines ajenos al correcto ejercicio de la función judicial”.