En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, criticó duramente al Gobierno por los impedimentos que, desde su punto de vista, la Fiscalía General ha puesto a la Anticorrupción para investigar determinados asuntos y que han sido denunciados por su titular, que cesa hoy.

Caldera sentenció que el Ejecutivo "no quiere que haya Fiscalía Anticorrupción" porque, pese a sus declaraciones, "pretende tapar todos los casos de corrupción que l puedan afectar".

Los socialistas dan por buena la denuncia de Carlos Jiménez Villarejo de que la Fiscalía General sólo le deja investigar cuando se querella el PP, pero no cuando lo hace el PSOE, como ha ocurrido con la supuesta trama inmobiliaria denunciada por los socialistas para explicar lo sucedido en la Asamblea de Madrid.

Dicen desde el PSOE que Cardenal ya no es sólo el abogado defensor del Gobierno, sino que está al servicio del PP para "perseguir a la oposición", lo que equivale a persguir a una buena parte de los ciudadanos y, en consecuencia, actuar en contra del interés general.

Ante esta constatación, los socialistas propondrán al Parlamento una propuesta de resolución en el Debate sobre el Estado de la Nación que contendrá la petición de cese del fiscal general, Jesús Cardenal, al que el PSOE señala como responsable de esas paralizaciones.

Propondrán además un nuevo modelo de Estatuto Fiscal para garantizar la autonomía del fiscal general con mecanismos que le obliguen a bstenerse en cualquier causa penal que pueda afectar a miembros del Gobierno.

Quieren además limitar a un máximo de un mes el plazo para resolver peticiones de actuación elevadas por las fiscalías, que su mandato no pueda durar más de cinco años, de forma que no coincida con las legislaturas, y que deba comparecer ante el Parlamento antes de ser nombrado.

Caldera reconoció la escasa probabilidad de que estas medidas salgan adelante, toda vez que el PP ya las rechazó recientemente. Sin embargo, deendió su presentación de nuevo, aunque sólo sea para que se vean los objetivos del PP respecto a la Fiscalía.