Finalmente, el departamento dirigido por Cándido Conde Pumpido, ha optado, al igual que hiciera esta mañana la Abogacía del Estado, por presentar un incidente de ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna, ANV y PCTV en vez de interponer un recurso contencioso-administrivo de impugnación de las listas electorales de Askatasuna, como hizo en el caso de D3M.

Dentro de este incidente de ejecución de sentencia, la Fiscalía pide a los magistrados de la Sala del 61 -la sala especial regulada por la Ley de Partidos- del Tribunal Supremoque decreten la anulación cautelar de las candidaturas de Askatasuna.

Desde la Fiscalía se asegura que la demanda aporta pruebas que demuestran "que hay una sucesión" entre Batasuna, ANV y PCTV con Askatasuna.

El recurso destaca que este partido, a pesar de no haber realizado ninguna actividad pública desde el año 2001 -año en que se presentó a las elecciones autonómicas vascas y obtuvo tan sólo 663 votos-, "ha resurgido presentando de forma sorpresiva unas listas de candidatos sin haber realizado ningún acto público de difusión".

PARTIDO DURMIENTE

La Fiscalía, por tanto, considera a Askatasuna un "partido durmiente" que "de un día para otro ha sido activado por el entorno de Batasuna para servirse de él en su actividad política".

Además, el recurso del Ministerio Público destaca que sus estatutos presentan "una identidad casi total respecto de Batasuna y Euskal Herritarrok".

Por último, el escrito señala que se da "la insólita circunstancia de que un 41% de sus candidatos han avalado con su firma la presencia en las elecciones de unas agrupaciones de electores, D3M, que supuestamente serían sus rivales por conseguir el mismo espacio electoral".

Los 16 magistrados que componen la Sala del 61 del Tribunal Supremo comenzaron hoy a deliberar sobre los recursos interpuesto por Fiscalía y Abogacía del Estado contra D3M. A tenor de lo ocurrido en ocasiones anteriores, lo primero que deberá hacer el Alto Tribunal es decidir si admite a trámite estos dos recursos y, en caso de hacerlo, abrir un plazo de alegaciones para que los representantes del partido puedan defenderse.

De forma complementaria, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá mañana al juez Baltasar Garzón que decrete la suspensión de actividades de ambas formaciones por la vía penal.