La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, presentó este miércoles la Memoria en sustitución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no pudo asistir a la apertura del Año Judicial tras haber dado positivo en covid-19.

La Fiscalía apuesta por implantar más controles a las cuotas de los afiliados y de las eventuales donaciones y por castigar con multas a aquellos que reciban dinero que exceda las cuantías fijadas en al Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos y que vaya finalmente destinado a un partido.

La actual normativa castiga las donaciones anónimas, finalistas o aquellas que superen los 100.000 euros pero no vigilan las aportaciones de los afiliados que pueden ser usados como intermediarios para hacer llegar las donaciones a la formación.