En la querella, que fue presentada ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el representante del Ministerio Público pide la detención y el ingreso en prisión provisional de los cinco etarras, a los que imputa los delito de pertenencia a organización terrorista, colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.

El fiscal asegura que, en agosto de 2007, Martin Capa e Iñaki Domínguez "impartieron en la selva colombiana un curso sobre el manejo de explosivos a 13 miembros de las FARC y a siete del Frente de Liberación Bolivariana".

En el citado curso, que duró 20 días en sesiones de mañana y tarde, "los dos querellados impartieron sesiones teóricas y prácticas sobre el manejo del explosivo C4", el cual tenía la ventaja de ser más destructivo que la dinamita y ser fácil de adquirir en Venezuela.

Domínguez también instruyó a los terroristas sobre la utilización de teléfonos móviles como mecanismo de iniciación de las cargas explosivas.

Además, el fiscal González Mota señala que la relación entre ETA y las FARC también se concretó en "contactos entre responsables de ambas organizaciones" en los que los dirigentes de la banda colombiana habrían pedido a los etarras colaboración para realizar atentados en España.

En concreto, las FARC habrían solicitado colaboración a ETA "para localizar en España" a varios mandatarios colombianos, entre los que destacan el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana y a la embajadora en España, Noemí Sanín, con el objetivo de "cometer un atentado contra ellos, bien en España, bien en otro país de la Unión Europea".

En un correo encontrado en el ordenador de un dirigente de las FARC se habla "del compromiso de los de Euskal Herria para contribuir con trabajos en España y otros países".

QUINCE AÑOS DE COLABORACIÓN

El escrito de la Fiscalía hace un relato histórico de la colaboración entre ETA y las FARC sustentado, entre otros elementos, en la información hallada en los ordenadores incautados el dirigente de las FARC Raúl Reyes, muerto el 1 de marzo pasado en una operación del ejército colombiano.

La investigación iniciada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha revelado que la colaboración entre las dos organizaciones terroristas se inició en 1993, con las reuniones mantenidas ese año por el fallecido etarra Jokin Gorostidi con varios comandates de las FARC.

Además, en noviembre de 1999, el comité ejecutivo de ETA "interesó el establecimiento de relaciones oficiales con las FARC, iniciándose contactos entre ambas organizaciones".

En una operación en diciembre de 2002, las autoridades colombianas intervinieron a las FARC varios coches bomba "que presentaban similitudes respecto a los utilizados por ETA".

A primeros de 2003, varios miembros de ETA habrían permanecido durante una semana en un campamento de las FARC manteniendo contactos con cautro dirigentes de la citada organización terrorista, "en el curso de los cuales se habría decidido el establecimiento de relaciones oficiales e intercambio de experiencias osbre procedimientos terroristas".

Según el escrito del fiscal González Mota, la colaboración de ETA con las FARC "se extendió a la celebración de cursos" en varios campamentos terroristas en Colombia entre julio y agosto de 2003 en los que "al menos cuatro militantes habrían recibido formación para el manejo de explosivos".

INVESTIGACIÓN CONJUNTA

Por otro lado, la querella de la Fiscalía señala que dos ex guerrilleros de las FARC, a los que se refiere con el seudónimo de "Camilo" y "Carlos Frias", "pueden aportar información sobre la colaboración entre ambas organizaciones terroristas".

Además, González Mota solicita al juez que requiera la creación de un equipo conjunto de investigación con Colombia para esclarecer los términos de la colaboración entre ETA y las FARC.

Este grupo conjunto deberá identificar a los etarras que se desplazaron en 2003 a Colombia para realizar la instrucción de de las FARC, así como tomar declaración a varios miembros de esta banda terrorista y a los ex guerrilleros "Camilo" y "Carlos Frias".