A pesar de que en febrero el propio Andreu decidió proseguir la investigación al considerar que no existe ninguna causa abierta en Israel, el escrito del fiscal encargado del caso, Pedro Martínez, afirma que sí existe un proceso abierto en el Tribunal Supremo de ese país, que ha dado lugar a una investigación que "ha colmado" el derecho de las víctimas.

"España no puede convertirse en una tercera instancia mundial", señalaron fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La querella está dirigida contra el ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y otros seis militares, a los que se acusa de crímenes de guerra por ordenar o participar en el bombardeo en la ciudad de Gaza en el que murieron 15 personas, la mayoría niños, debido a un ataque de la aviación israelí que pretendía acabar con la vida del presunto líder de Hamás Salah Shehadeh.

El escrito del fiscal Martínez señala que el archivo provisional de la causa debe producirse "sin perjuicio de la competencia de la Corte Penal Internacional" para investigar el bombardeo.

OPINIONES CONTRADICTORIAS

Según la Fiscalía, la documentación aportada al juez Andreu por la Embajada de Israel refleja que la investigación iniciada por el Tribunal Supremo de ese país por el bombardeo todavía no ha finalizado. El escrito también destaca la investigación abierta al respecto por el fiscal general militar y el fiscal general del Estado de Israel.

En concreto, un grupo de víctimas presentó ante el Tribunal Supremo de Israel hace más de seis años una querella por el bombardeo. Este órgano jurídico decidió remitir el caso a una comisión consultiva creada por el Gobierno y que, según denunciaron las víctimas, pecaba de parcialidad al estar formada por varios ex militares, si bien el supremo rechazó estas acusaciones.

A partir de aquí es donde difieren Andreu y el fiscal Martínez. Mientras el juez afirma que la comisión determinó que el ataque fue una "ejecución preventiva que provocó los menores daños" y recomendó al Tribunal Supremo que no abriese ninguna investigación, el fiscal asegura que no consta en la documentación israelí que la comisión se haya pronunciado todavía.

Aun así, las fuentes consultadas señalaron que, incluso si el Tribunal Supremo de Israel hubiese cerrado su investigación, la Fiscalía seguiría pidiendo el archivo de la causa iniciada por Andreu.

El fiscal Martínez indica que la resolución por la que Andreu decidió proseguir con la causa "omite el más mínimo análisis" sobre si la jurisdicción universal es "concurrente o subsidiaria" con la jusrisdicción de los tribunales del lugar en el que se han cometido los hechos.

"Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad", señala el escrito de la Fiscalía citando los estatuto de la Corte Penal Internacional.

La Fiscalía indica que tanto el derecho internacional como el derecho interno español se inclinan por dar prioridad a los tribunales del Estado donde se cometieron los hechos siempre que las acciones judiciales iniciadas "no tengan por finalidad encubrir y mantener la impunidad de los autores de los delitos".

Tras analizar los procesos abiertos en Israel, la Fiscalía concluye que "no aparecen datos, indicios o elementos en la actuación del Tribunal Supremo israelí que vulneren las exigencias de imparcialidad e independencia contempladas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional".

"La investigación llevada a cabo por las autoridades competentes de Israel, con independencia de cual sea su resultado final, responde a los cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho", asegura Martínez.

Por otro lado, el escrito de la Fiscalía señala que la querella de las víctimas en Israel dio lugar a otro proceso en el que el Tribunal Supremo quiso sentar doctrina sobre los ataques preventivos del Ejército.

Mientras el Gobierno de Israel consideraba que las cuestiones de seguridad nacional y las actuaciones de las Fuerzas Armadas en Gaza "eran materias ajenas al control judicial", el Alto Tribunal concluyó que estos ataques "deben someterse a una revisión objetiva por parte de un comité imparcial" cuando causan la muerte de "víctimas civiles ajenas al conflicto" o se produce la posible vulneración de los derechos humanos.

Tras recibir esta mañana el escrito del fiscal Martínez, el juez Andreu decidió dar traslado a las partes para que informen en el plazo de cinco días.