El representante del Ministerio Público le imputa, según los casos, delitos continuados de abusos sexuales, de elaboración, tenencia y distribución de pornografía infantil o de descubrimiento de secretos.

Según la Fiscalía, el 17 de julio de 2018 se tuvo conocimiento en la base de datos que recopila datos de compartimiento de videos de pornografía infantil gestionada por Interpol, de una nueva serie en dicha base de datos obtenida de una red pedófila conocida por ser una de las más peligrosas en la que los pedófilos intercambian consejos para evitar ser detectados por la policía y existen contractos de tráfico de seres humanos.

En la serie se observó al acusado realizando actos sexuales con varios menores de edad en varios momentos viéndose en los videos los rostros del autor y las caras de determinadas niñas menores de edad todas ellas de habla y ascendencia rumana, realizados en su domicilio.

Practicado el registro se hallaron varios discos duros con numerosos archivos con fotografías y vídeos donde se veían a menores de edad “en claros y explícitos comportamientos sexuales”, siendo algunos de ellos “especialmente degradantes y vejatorios”. También encontraron cinco micro cámaras instaladas en dicho domicilio destinadas a la captación de imágenes de menores que acudieron a su vivienda en el periodo comprendido entre los años 2.009 a 2.018.

TATUAJES DEL ACUSADO

Las menores, que resultaron ser amigas de sus hijas o hijas de los amigos del acusado, acudían al domicilio para que D. N. R. les llevara o trajera del colegio “por ocupaciones labores de sus padres y con permiso de los mismos”.

En su casa grababa los abusos sexuales en sus dispositivos electrónicos, que compartía con terceras personas a través de la red pedófila y otros distribuidos a través de mensajería instantánea Line y WhatsApp, “siendo identificadas tales imágenes y grabaciones con los nombres verdaderos o con diminutivos de las víctimas".

De este modo el acusado, entre los años 2012 y 2018, realizó dichos actos respecto a un total de 24 menores a las que fotografiaba o grababa ya en su domicilio, bien en el domicilio de las víctimas o en otros lugares, mostrando las grabaciones citadas el rostro del procesado o parte de su cuerpo en el que se aprecian tatuajes descriptivos.

Por último, la Fiscalía reclamada al acusado, que se encuentra en prisión desde el 21 de julio de 2018, 20.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad ya que aplica la agravante de abuso de confianza, mientras que el resto lo deja en 10.000 euros “por el daño moral causado”. El juicio se celebrará el próximo día 15 en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid.