Según consta en el informe, hecho público esta tarde, no existen, "al día de hoy, razón alguna de justicia, equidad o utilidad pública" que aconsejen la concesión de tal medida de gracia a ambos.

A juicio de la Fiscalía, las penas impuestas a Vera y a Rodríguez Colorado por malversación de caudales públicos (siete y seis años de prisión, respectivamente), "no pueden en modo alguno considerarse desproporcionadas en relación con la conducta enjuiciada, el mal causado por la infracción y las circunstancias personales de ambos reos".

La Fiscalía recuerda que los delitos por los que han sido condenados ambos "han sido históricamente castigados con gran severidad a lo largo de todas las culturas".

"No sólo por el quebranto y descrédito que suponen para la función pública", añade el informe, "sino también por el abuso añadido que comporta la posición de quienes estando obligados a ser los primeros garantes de aquella defraudan con engaño sus intereses, no existiendo razón alguna para que dicho rigor decaiga en este preciso momento".

En cuanto a Vera, recalca que "sigue además sin satisfacer las responsabilidades civiles a las que fue condenado", de quien añade que aún no se pueden valorar las previsiones de su reinserción social, pues hace poco que ingresó en prisión y no ha dado tiempo a analizar este extremo.

Así, la Fiscalía sostiene que, tanto en el caso de Vera como en el de Rodríguez Colorado, "no resulta hoy por hoy aconsejable desde ninguna de las perspectivas examinadas la aplicación parcial ni menos total del mismo (indulto), lo que no debe comportar necesariamente su negación futura".