Así lo ha decidió hoy la Junta de Fiscales de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo, en una reunión celebrada ayer y en la que se estudió el recurso de casación anunciado el pasado 12 de mayo por la Fiscalía de Madrid contra la citada sentencia, dictada el pasado 8 de mayo por la detención ilegal de dos afiliados del PP tras una manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo en enero de 2005. La Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que tanto el entonces jefe de la Brigada de Información de Madrid (R.R.M) como el inspector responsable de la investigación (J.F.G.) cometieron un delito de detención ilegal de los militantes del PP Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz. Así, les condenó a cada uno a 2 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta.

Además, los magistrados condenaron al agente R.R.M. por coacciones sobre otro agente, que se negó a practicar las detenciones, en su condición de jefe de la Brigada de Información de Madrid. Le impuso una multa de 1.080 euros.

De esta manera, la Fiscalía del Tribunal Supremo no hace suyas todas las razones esgrimidas por la de Madrid para recurrir la sentencia del "caso Bono", aceptando sólo las expuestas para combatir las condenas por detención ilegal y coacciones.

Aunque es la Fiscalía de Madrid quien anuncia los recursos de casación ante el Supremo contra las sentencia dictadas por la Audiencia Provincinal de Marid, es la Fiscalía del Alto Tribunal quien formalmente lo interpone.

De hecho, tras anunciar la interposición del citado recurso de casación, la Fiscalía de Madrid remitió el borrador del mismo a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que examinara los argumentos y actuase en consecuencia.