Según informó hoy en un comunicado la Fiscalía General del Estado, tras el examen del expediente administrativo, el Ministerio Público considera concurren los requisitos exigidos por la legislación penitenciaria para dar luz verde a la concesión del tercer grado.

Así, sostiene que están cubiertas las responsabilidades civiles derivadas del delito y, específicamente, las cantidades de dinero público de las que Rafael Vera se apropió.

A tal fin, recuerda la Fiscalía, se encuentran decomisados en la causa bienes propiedad de Rafael Vera, en cuantía suficiente para garantizar el total resarcimiento del perjuicio causado al Estado.