La vista contra Edurne Goñi, acusada de un delito electoral, está señalada para el próximo 30 de noviembre en la Audiencia Provincial de Navarra. El ministerio fiscal solicita tambén 6 años y un día de inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio, la misma demanda que Goñi ha pedido se le conceda, sin éxito, desde hace tres años.

En 1992 y con motivo de la Guerra del Golfo, un grupo de personas decidió darse de baja del censo, entendiendo que hay una "gran disparidad entre lo que ocurre en los parlamentos y en la calle", según señaló hoy uno de los miembros de la Iniciativa por el Des-censo Electoral.

Pese a entender que no deben ser copartícipes de un sistema en el ue los políticos sólo permiten a los ciudadanos votar cada cuatro años y en el que las personas no cuentan en la toma de decisiones, este colectivo no ha logrado darse de baja en el censo. Incluso el Tribunal Constitucional les ha recordado que votar es un derecho al que no pueden renunciar.

Cuando el pasado mes de mayo dos miembros de este grupo recibieron la notificación de su elección para formar parte de diversas mesas, tomaron la decisión de alegar que no podían hacerlo por motivos ideológicos. A uno de ellos, vocal titular, nadie volvió a dirigirse y su ausencia de la mesa electoral no le ha causado trastorno alguno. Frente a esta situación, Edurne Goñi remitió un escrito a la Junta Electoral, que le denegó su petición. Junto a los motivos ideológicos adujo, con certificados, problemas médicos que tampoco le valieron como excusa.

El día de las elecciones, la Policía Municipal fue a constatar que, tal y como Goñi había asegurado en varias cartas a la Junta Eelectoral, no estaba presente e la mesa que se le asignó.

Desde entonces, y después de diversas declaraciones ante el juzgado de instrucción, Edurne Goñi se encuentra inmersa en un proceso judicial que, según dijo, no entiende. A la espera de la vista oral, está en libertad provisional y tiene una orden preventiva de embargo de su nómina para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que la sentencia dicte.

"Yo no quiero legitimar con mi voto lo que está ocurriendo en nuestro sistema democrático" y "estamos en una umisión a los poderes públicos desde el temor", reiteró hoy la acusada, para la que "no hay respeto por las libertades individuales y de conciencia de las personas".