Reguant estuvo a punto de ser juzgada el pasado mes de marzo, pero la vista se suspendió y se fijó esta nueva fecha para su celebración al comprobar que el juzgado que la sentaba en el banquillo no era el competente, puesto que era aforada y debía ser juzgada en el Tribunal Supremo. A esa primera cita, la diputada llegó con una petición fiscal de seis meses de cárcel, igual que su compañero.

Después de la suspensión, la Fiscalía del Supremo presentó un nuevo escrito de acusación en el que solicitaba una pena de cuatro meses de cárcel, que es la pena máxima a la que se enfrentará en el juicio del miércoles.

Fuentes fiscales creen que el fiscal madrileño acabará rebajando la pena que pide para él a los cuatro meses que solicita el ministerio público en el Supremo, pero esa modificación no se podrá hacer hasta el final del juicio, cuando se eleven a definitivas las calificaciones provisionales.

El ministerio público les achaca a ambos un delito de desobediencia ya que se negaron a responder a la acusación popular de Vox, cuando declaraban como testigos y, por tanto, con obligación expresa de responder a todas las partes. .

El escrito de la Fiscalía señala que entre el 27 de enero de 2019 ambos acusados habían sido citados a declarar en calidad de testigos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa del ‘proces’.

Ante la negativa de Baños, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, le informó de que su presencia era en condición de testigo y que, por lo tanto, tenía que responder a todas las preguntas que se le formulasen por parte de los letrados intervinientes, ya fueran de las acusaciones o de las defensas. Pese al aviso, el acusado reiteró su voluntad de negarse a contestar a las preguntas de Vox por lo que el propio presidente optó por formularlas él mismo.

De nuevo, Baños declinó responder “pero diciendo a continuación que se negaba a contestar a las preguntas de Vox que se hagan a través de la Presidencia a pesar de que anteriormente así lo había hecho”. Posteriormente compareció Reguant quien, además de comunicar su deseo de expresarse en catalán, asumió las posibles consecuencias de negarse a contestar las preguntas de Vox. De ahí, que el presidente de la Sala diera por concluido su interrogatorio.

El pasado 28 de febrero de 2019 se dictó una providencia en la que se acordaba la tramitación del incidente para depurar eventuales responsabilidades derivadas de la negativa a declarar de los testigos y, a continuación, se dictó un acuerdo “imponiendo corrección de multa de 2.500 euros a cada uno”. Tras los recursos presentados por los acusados, el 22 de octubre de 2019 la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo dictó un auto desestimatorio.