Esta circular sustituye a la de 2013 y tiene como objeto desarrollar las capacidades y potencialidades de la actividad extraprocesal de la Fiscalía “guiándose por los principios de eficacia, agilidad y pleno respeto a las garantías procesales de las personas investigadas y a los derechos de las víctimas”.

El documento cuenta con el acuerdo de la Junta de Fiscales de Sala y trata de reforzar la doctrina del Ministerio Público con una norma que recoja la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia.

García Ortiz pretende que esta circular sea “un instrumento que sirva de anticipo al Ministerio Fiscal ante el reto de asumir la investigación penal, ocupando su espacio propio dentro de las posibilidades que la ley ofrece”.

Según establece el documento, los fiscales podrán ofrecer a las víctimas información personal y adaptada cuando se trate de personas vulnerables sobre la investigación aunque no sean parte del procedimiento y tomarán medidas para garantizar su intimidad.

En el caso de los investigados, también se adoptan medidas garantistas de manera que tengan derecho a conocer la investigación e intervenir en las diligencias desde el momento en que se hallen indicios en su contra.

El objetivo de estos cambios es “garantizar su validez y eficacia y reforzar las garantías y los derechos de las personas afectadas, asegurando su información y participación” y se centra en las diligencias preprocesales, que son las de investigación de unos hechos; las auxiliares, para apuntalar con investigaciones puntuales una acusación; y las posprocesales, establecidas para pedir la reapertura de una causa penal que esté archivada.