Estas carencias quedan más patentes ante el incremento del número de diligencias de investigación que tienen por objeto hechos que afectan al medio ambiente que se produjo en 1998.

A este aumento contribuyó, en parte, la deciión adoptada en muchas fiscalías de designar algún o algunos fiscales encargados de coordinar o de despachar las causas relativas a esta materia.

El informe de la Fiscalía General del Estado señala que "no es exagerado afirmar que desde muchas fiscalías se mantiene un esfuerzo constante por impulsar la actuación de los tribunales en defensa del medio ambiente, manteniendo contacto permanentes con el Seprona de la Guardia Civil".

Por este motivo, recomienda ser "especialmente receptivo" a las quejs de estas fiscalías en relación a las carencias que sufren en su actividad cotidiana.

Entre estas quejas cita la de la Fiscalía de Asturias, que expone la "crónica" carencia de los medios periciales necesarios para investigar los delitos contra el medio ambiente, lo que le obliga a recurrir a los medios técnicos que facilita la propia Administración, lo cual, asegura el documento, "no siempre es deseable".

Asimismo, destaca que la Fiscalía de Valencia pide que se mejoren los medios informáticos e la sección de Medio Ambiente y Consumo, como único medio eficaz para acceder con agilidad a una legislación medioambiental en constante evolución.

Sin embargo, esta fiscalía hace referencia a un aspecto positivo: la puesta en marcha de un laboratorio de ecotoxicología que facilita la investigación de estos delitos.