La circular, a la que tuvo acceso Servimedia, alerta sobe la proliferación de los denominados matrimonios "blancos" o "de complacencia", celebrados con la única finalidad de regularizar la situación en España de uno de los contrayentes mediante el matrimonio con quien ya se encuentra legalmente en España.

También indica que estos matrimonios frecuentemente son facilitados por redes organizadas, que pretenden de este modo retener a sus víctimas en el negocio de la prostitución.

Por ello, la Fiscalía General solicita a los fiscales que extremen su celo,cuando existan datos ojetivos que permitan sospechar que se trata de un matrimonio simulado, para impedir su celebración.

En este sentido, la circular pide a los fiscales "un riguroso examen de la concurrencia de los requisitos esenciales para contraer matrimonio durante la tramitación del expediente en el Registro Civil; en particular, a través del trámite de audiencia reservada y por separado de ambos cónyuges".

Además, la Fiscalía destaca las posibles implicaciones penales de este tipo de condctas, que puede ser tipificada como favorecimiento o facilitación de la inmigración ilegal.

Por otro lado, la circular advierte a los fiscales de que actúen con cautela en los casos en los que los extranjeros denuncian ser objeto de las mafias con el fin de conseguir una regularización que no puede lograr de otro modo.

A juicio de la fiscalía, la cautela en estos casos contribuye a evitar que prosperen situaciones de denuncias falsas, huecas o inconsistentes o situaciones de retracción o cese de a cooperación del extranjero con la justicia.

En este sentido, la Fiscalía pide a los fiscales que comuniquen a la Administración hechos de esta naturaleza para proceder a la expulsión del extranjero que ha realizado una denuncia que resulta ser falsa.

Finalmente, la circular instruye a los fiscales para que no autoricen la expulsión de extranjeros implicados en el tráfico de seres humanos, antes de ser sometidos a proceso judicial.

"En definitiva, los señores fiscales habrán de velar en losdelitos de tráfico de personas, porque los inculpados sean enjuiciados, cumplan efectivamente la pena privativa de libertad que les fuera impuesta y, posteriormente, sean expulsados administrativamente del territorio", señala la circular.