Según informaron a Servimedia fuentes jurídicas y de la compañía, finalmente la consultora PWC únicamente es nombrada como responsable subsidiaria por la acusación de dos de sus ex auditores, que sí siguen en la causa.

Anticorrupción ha pedido una pena de prisión de 6 años, 6 meses y un día para Ángel Ron, el expresidente del Banco Popular, por los presuntos delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

El escrito de acusación considera probado que cuando el Banco Popular amplió capital en 2016 por un importe de 2.505,5 millones de euros “proporcionó una información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la situación económica y patrimonial de la entidad, lo que impidió que adoptaran una decisión libre y no viciada sobre la realización de la inversión".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó el pasado 4 de marzo procesar a Ron, a otros doce directivos y a la consultora PWC por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.

El Ministerio Público acusa ahora en su escrito a un total de 11 personas, la mayoría de ellos exaltos cargos del Popular, aunque también figuran dos auditores de PWC. La Fiscalía, de hecho, señala que estos previamente acusados "intervinieron de forma activa en la junta dando cuenta de su trabajo de auditoría". Sin embargo, y aunque considera a la firma responsable civil subsidiaria, la exonera ya de la comisión directa de los posibles delitos.