La investigación sobre este caso está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, bajo dirección del magistrado Ismael Moreno, encargado ahora de investigar los contratos suscritos con la mediación de Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, por un valor superior a los 54 millones de euros.

La Fiscalía Europea ha hecho público un comunicado en el que indica que tras analizar la documentación relativa al caso ha llegado a la conclusión de que debe hacerse cargo de la totalidad del caso. Hasta ahora sólo estudiaba los contratos suscritos con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias.

La Fiscalía Europea ha comprobado que uno de los contratos investigados en la Audiencia Nacional fue “cofinanciado con fondos europeos” por lo que después de “examinar en detalle” la información recibida “ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo”.

Fuentes jurídicas apuntan que el juez Ismael Moreno no está dispuesto a ceder la competencia sobre el caso, por lo que si se acaba fraguando un conflicto de competencias será el Tribunal Supremo el que decida.