Durante su intervención parlamentaria, Salaverría dijo que "la lucha armada de ETA responde a la defensa de derechos legítimos que tiene el pueblo vasco", y no a que la banda terrorista pretenda imponer sus opiniones.

En el caso de que la Fiscalía General del Estado concluyera que hay materia delictiva, serían sus subordinados del País Vasco quienes iniciarían el procedimiento contra Salaverría ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como establece el Estatuto de Autonoía de Euskadi.

Las fuentes consultadas desmintieron que la Fiscalía del País Vasco haya actuado ya contra Salaverría y aseguraron que están a la espera de recibir las instrucciones del fiscal general, Jesús Cardenal.

Por otra parte, Iñigo Iruin, abogado que defiende habitualmente a presuntos miembros de ETA, declaró hoy en Madrid a un grupo de periodistas que la inviolabilidad de un parlamentario en el ejercicio de sus funciones "es absoluta".

A su juicio, lo que cabría contra Salaverría sera únicamente una sanción de carácter discipliario, que tendría que ser decretada por la presidencia del Parlamento vasco.