Así consta en la querella que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional contra seis personas y tres sociedades, una de ellas la propia Afinsa. A todos los anteriores se les acusa de la presunta comisión de seis delitos, entre los que destacan los de estafa y falsedad documental.

Entre los delitos que también cabe atribuir a estos implicados también están los de blanqueo de capitales, administración desleal, delito contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.

De estas presuntas actuaciones ilícitas se acusa a cinco directivos de Afinsa, entre los que destacan Juan Antonio Cano Cuevas, presidente del Consejo de Administración de Afinsa y propietario del 50 por ciento de la compañía; y Albertino Figueiredo do Nascimento, presidente de Afinsa y dueño del otro 50 por ciento de la compañía.

Entre las otras personas querelladas el fiscal da especial importancia a Francisco Guijarro Lázaro, a quien se han encontrado 10 millones de euros en metálico en su casa y que es propietario de la sociedad que era la única proveedora de sellos de Afinsa.

"ABSOLUTA INSOLVENCIA"

En su querella, Anticorrupción argumenta que Afinsa, "en los propios términos en los que se proyectó en el mercado, tenía necesariamente que defraudar la buena de de los inversores mediante una doble ficción".

Este engaño consistía, en primer lugar, en hacer creer a los clientes que su inversión "era de un valor extraordinariamente superior al real y que lo abonado como intereses tenía esa condición, cuando lo cierto es que era dinero procedente de otras aportaciones".

"De tal modo", indica el fiscal, "los querellados diseñaron un negocio cuya única viabilidad consistía en reproducir 'ad infinitum' esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudieran ser utilizadas para alimentar semejante dinámica, en la que, presuntamente, una parte de los fondos así captados fue directamente apropiada por los querellados".

Según la querella, esta forma de proceder habría determinado que Afinsa "se encuentre, al día de la fecha, en situación de absoluta insolvencia, atendido el desfase patrimonial que ello ha generado".

PROVEEDOR ÚNICO

En este mecanismo, Anticorrupción entiende que tenían un papel clave las sociedades Francisco Guijarro Filatelia S.L. y Guijarro Lázaro S.L., que desde 1998 y hasta 2003 eran las "proveedoras únicas" para Afinsa de sellos para inversores que eran adquiridos para los contratos a corto plazo, que tenían una extensión de un año y un día.

De acuerdo con un informe de la Agencia Tributaria, estas dos sociedades, que controlaba Francisco Guijarro, habrían cometido irregularidades como la compra de sellos no justificada o movimiento de dinero en efectivo "sin destino conocido". Además, el patrimonio de este proveedor y su familia "acusan incrementos no justificados por rentas o patrimonio preexistentes".

Al mismo tiempo, el fiscal entiende que el negocio que estaba manteniendo Afinsa puede ser calificado de "financiero", en el sentido de que con la revalorización de los sellos no podían atenderse los intereses que se prometían a los clientes.

A este respecto, la querella afirma que los sellos que actúan de "subyacente" de los contratos "no se revalorizan o no lo hacen en la medida de la revalorización prometida al inversor, lo que pone de relieve que el negocio es insostenible en sí mismo".

En este sentido, se añade que la dinámica empresarial generada sólo podía mantenerse con "la afluencia continua de nuevos clientes", a lo que se sumaba que Afinsa vendía los sellos a sus inversores un 8 por ciento más caro de lo que los compraba, lo que le producía un beneficio del 1.150 por ciento.

SELLOS FALSOS O MANIPULADOS

El Ministerio Público añade que "la situación se agrava por el hecho de que existe un número de sellos posiblemente falsos o manipulados, suministrados por Guijarro Lázaro a Afinsa".

Asimismo, el fiscal señala que el hecho de que algunas presuntas falsificaciones no hayan sido denunciadas por la compañía investigada, junto a la circunstancia de que no se justifique una parte muy significativa de las adquisiciones, lleva a pensar que puede existir un delito de blanqueo de capitales.

La querella concluye que a finales de diciembre de 2004 el número de inversores de Afinsa era de 142.697 y los compromisos asumidos con los clientes ascendían a 1.750 millones de euros. Esta cantidad, según el Ministerio Público, "da idea de la magnitud del mecanismo defraudatorio puesto en marcha".

Esta actividad no sería, por tanto, "sino un negocio de tipo piramidal, carente de lógica económica y abocado al fracaso, toda vez que los contratos constituyen verdaderos préstamos y la contabilización de los compromisos de devolución o pactos de recompra llevarían a considerar a Afinsa claramente en situación de quiebra, pues los sellos en absoluto alcanzan el valor de tales compromisos".

"Sin perjuicio de ello", concluye el fiscal, "todo apunta a que se ha diseñado una trama defraudatoria destinada a la búsqueda de inversores, a quienes se asegura una alta rentabilidad mediante la adquisición de un fondo filatélico, con sellos sobrevalorados, cuando no falsos".

Con esto se buscaría, "no rentabilizar en términos técnicamente plausibles el dinero recibido de los inversores, sino la creación de un negocio carente objetivamente de aptitud para producir rentabilidad, sobre la doble ficción del valor de los sellos y de que los intereses abonados tenían esa naturaleza, cuando en realidad procedían de otras aportaciones".