Así consta en un escrito de 8 páginas que ha remitido al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y que establece los criterios que deberá mantener el Ministerio Público en la "vistilla" que mañana se celebrará para decidir si renueva por dos años más la suspensión de actividades de Batasuna, partido que fue ilegalizado por el Tribunal Supremo el 27 de marzo de 2003.

"El Ministerio Fiscal considera que dicha suspensión sería aplicable y por tanto debería producir su efecto en el concreto supuesto analizado, consistente en la convocatoria y ulterior celebración de los actos previstos para el próximo día 21 de los corrientes en la ciudad de Bilbao", dice Conde-Pumpido.

Para el fiscal, la aplicación del artículo 129 del Código Penal, que prevé la clausura o la suspensión de actividades de una sociedad, empresa, fundación o asociación, es aplicable "únicamente cuando se trate de un hecho susceptible de ser considerado por su propia naturaleza como acto 'del' partido u organización suspendidos".

Conde-Pumpido recuerda que, según los informes policiales encargados por el juez Grande-Marlaka, la convocatoria del próximo 21 de enero "se efectúa por quienes de manera explícita se autoproclaman representantes y responsables de la ilegalizada Batasuna".

"Se presenta como actividad inequívocamente atribuida por ellos mismos, y por las propias circunstancias objetivas que rodean el hecho, a dicha organización ilegal, con un fin y en un marco que puede calificarse de 'orgánico', es decir, propio del funcionamiento y organización -como es obvio clandestinos- del partido político disuelto", añade.

Así, señala que si el magistrado Grande-Marlaska decide decretar la suspensión de actividades de Batasuna dentro del sumario 35/02, la Fiscalía será partidaria de que se suspenda el acto del próximo 21 de enero.

DUDAS

No obstante, Conde-Pumpido reconoce que alberga dudas sobre la aplicabilidad del citado artículo 129 del Código Penal, teniendo en cuenta la sentencia por la que el Tribunal Supremo ilegalizó Batasuna el 27 de marzo de 2003, al amparo de la Ley de Partidos.

"Este Ministerio no pone en cuestión que el proceso penal pueda y deba producir 'sus correspondientes efectos', sino que constata el hecho de que una medida cuyo objeto es asegurar cautelarmente un resultado que ya viene determinado por una resolución judicial definitiva, en realidad carece, jurídica y materialmente, de objeto sobre el que aplicarse", dice Conde- Pumpido.

Las actividades de Batasuna estuvieron suspendidas durante tres años hasta agosto de 2005, pero no se renovó esta medida cautelar porque se consideró que no era necesario, puesto que el Tribunal Supremo había ilegalizado ya dicho partido mediante sentencia.