En una nota difundida por este organismo, la fiscalía anunció también su decisión de recurrir ante el instructor el auto por el que se acordó aer la entrada y registro en la sede del PSOE, después de celebrarse la reunión semanal de la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo.

Ni Hernández ni el fiscal del caso, Antonio Salinas, quisieron precisar los fundamentos jurídicos del recurso de forma, que será subsidiario de queja ante la sala y deberá formalizarse antes del próximo sábado, para no infringir el secreto del sumario.

Fuentes fiscales, adelantaron sin embargo que el recurso no responde a que el registro se realizará sin notficarlo previamente al partido, ya que la ley autoriza al instructor a llevarlo a cabo sin previo anuncio por tratarse de un edificio privado, mientras que sí era necesario en el caso del Banco de España por su carácter público.

Otras fuentes jurídicas consultadas por esta agencia consideraron por su parte que el juez pudo actuar de forma no ajustada a derecho al proceder a la incautación de la documentación cuando debería haber solicitado al Tribunal de Cuentas los libros que obraban en su poder y elresultado de su investigación, si quería conocer aspectos relacionados con la financiación del partido.

En el caso de que el recurso fuera estimado, las pruebas obtenidas contra los encausados por medio del registro serían anuladas y carecerían de valor inculpatorio.

Por lo que respecta al informe recabado a la fiscalía del Tribunal Constitucional, las mismas fuentes explicaron que "no es infrecuente" que el ministerio público se remita al alto tribunal para denunciar irregularidades en el procedmiento en su deber de proteger la tutela judicial efectiva de alguno de los encausados, en este caso el de los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep María Salas.

Una vez conocido el resultado del estudio, la fiscalía podría optar por recurrir al amparo del Tribunal Constitucional, en caso de que se aprecien vulneración de derechos fundamentales, o esperar al juicio oral para pedir la anulación de las pruebas practicadas, como ocurrió en el "caso Naseiro".

Este es el cuarto recurso quela fiscalía interpone contra las diligencias realizadas por Marino Barbero. La sala respaldó ayer al juez al estimar que debe ser el instructor quien valore si las pruebas seguidas son esenciales, en este caso la investigación a más de 70 empresas relacionadas con Filesa.

Todavía quedan sin resolver sin embargo los recursos presentados el pasado lunes contra las resoluciones del juez por las que procedió a la entrada y registro del Banco de España y el segundo requerimiento al PSOE para que entregara a documentación referente a su contabilidad.