La Fiscalía abrió diligencias informativas el pasado mes de abril con el fin de averiguar si el financiero Javier de la Rosa desvió hacia negocios particulares fondos avalados por el Gobierno catalán para Grand Penínsla, que estaba participada mayoritariamente por Grand Tibidabo. De la Rosa presidió esta última sociedad hasta hace pocos días.

Villarejo aseguró que había solicitado a la Consejería de Economía aclaraciones sobre algunos aspectos de estos informes elaborados por la propia Generalitat y que, tras ser analizados en la Fiscalía del TSJC, "se han observado aparentes anomalías contables". Según el fiscal jefe, la policía judicial también trabaja en la misma cuestión.

En su opinión, la Fiscalía de Catluña podría citar a declarar a De la Rosa en función del resultado de la investigación, aunque de momento descartó que fuera necesaria la comparecencia del consejero de Economía y Finanzas, Macià Alavedra.

Jiménez Villarejo había pedido a Alavedra que aportase información sobre el desarrollo de la autorización otorgada por el Parlament de Cataluña para avalar el endeudamiento de Grand Península, que ascendía a 10.000 millones de pesetas, y sobre la posibilidad de que pudiera haber "algún desvío de fonos" a fines que no eran los establecidos.

La Generalitat aseguró que en los resultados de la auditoría, realizada conjuntamente por las consejerías de Economía y Turismo a Grand Península, no se detectaba un uso incorrecto del aval y que éste se destinó íntegramente a financiar las obras del parque.

La fiscalía decidió abrir diligencias tras la aparición de diversas informaciones periodísticas en las que se daba cuenta de un presunto desvío de 1.000 millones de pesetas del aval de 10.000 millones

El grupo inglés Pearson y La Caixa compraron recientemente la participación del 70% de las acciones de Grand Tibidabo en Grand Península. Esta operación supuso la salida del financiero del proyecto del parque de atracciones, que se construye en Vila-seca y Salou (Tarragona).