Jiménez Villarejo explicó que durante la próxima semana está previsto que declare otro importante número de perjudicados, por lo que la cifra de denunciantes llegaría a un centenar. Según dijo, el hecho de que muchos inversores hayan perdido los ahorros de toda su vida al hundirse el valor de las acciones de Grand Tibidabo es "patético".

El fiscal aseguró que la investigación trata de averiguar la relación entre la actuación de los directivos de Grand Tbidabo con esas pérdidas económicas denunciadas por los inversores. El valor de sus acciones se redujo de 30.000 a 4.500 millones entre mayo de 1991 y mayo de 1994, periodo en el que De la Rosa estuvo al frente de la sociedad.

Las diligencias abiertas por este caso son paralelas a las del supuesto uso indebido de 1.000 millones de pesetas por parte del financiero de un aval concedido por la Generalitat a Grand Península, promotora del parque temático de Vila-seca y Salou (Tarragona).

Jiménez Villrejo dijo que la Fiscalía ya ha recibido el informe de la Intervención General de la Generalitat sobre el supuesto uso indebido de parte del aval de 10.000 millones de pesetas y que en septiembre decidirá si en ambos asuntos debe ejercer acciones penales contra Javier de la Rosa y sus directivos, aunque añadió que no tiene previsto interrogarles al no considerarlo "estrictamente necesario".