"Dado que el fiscal general del Estado no es más que el ordenanza del Gobierno, es evidente que esta es una orden del Gobierno", sentenció Caldera en una rueda de prensa.

El dirigente socialista recordó que el deber de la Fiscalía General del Estado es defender los intereses públicos, y, supuestamente, esas empresas acordaron precios "para perjudicar a los ciudadanos".

Expresó, por ello, su confianza e que las organizaciones de consumidores recurran la decisión de la Fiscalía General. "Nosotros mismos estudiaremos la posibilidad", afirmó.