Compte explicó ante el juez que investiga el caso que no sabía que Pere Bou había pagado por la misma casa, pocos minutos antes, 32 millones de pesetas. La empresa Procivesa está participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Barcelona y presidida por el alcalde, Pasqual Maragall.

Según manifestaron fuentes judiciales, la operación de compraventa del inmueble con intermediarios, que hizo variar el precio del edificio de 32 a 60 millones de pesetas en pocos minutos, se realizó con la única finalidad de generar plusvalías.

El responsable de Procivesa declaró asimismo que tenía autonomía del consejo de administración para adquirir fincas que costaran hasta 60 millones de pesetas, y que en el caso de la compra de la casa de Junta de Comerç, este órgano también tenía conocimiento e la operación.

La Fiscalía de la Audiencia de Barcelona recorrió siete expropiaciones forzosas de la empresa municipal en diversos inmuebles de la zona de Ciutat Vella. Según las mismas fuentes, Procivesa fijó unos precios de expropiación muy bajos, que llegaron hasta seis veces por debajo del precio del mercado.

La fiscalía puso el ejemplo de un edificio cuyo precio de expropiación estaba marcado en 228.000 pesetas, mientras que para este organismo judicial su valoración ascendía a 1.353.000 peetas.

La decisión sobre el precio de las expropiaciones de los inmuebles está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que deberá pronunciarse sobre el caso.