No obstante, la fiscalía está a la espera de que el Gobierno uruguayo haga efectiva esa extradición, ya que, según el tratado, es el Ejecutivo de ese país el que tiene la competncia para fijar la fecha de la entrega y la instancia uruguaya que debe ordenarla.

En la actualidad, son 10 los etarras que viven en ese país sudamericano, aunque la justicia uruguaya sólo concedió la extradición de 3 de ellos después de que España solicitase la entrega de 8, tras su detención en Montevideo en 1992.

Uno de los terroristas que previsiblemente será entregado en breve es Luis María Lizarralde Izaguirre, cuya extradición fue solicitada en 5 ocasiones por la fiscalía, acusado del asesnato en octubre de 1979 del fotógrafo de Zumaya (Guipúzcoa) Germán González López, así como del de Luis de La Parra Urbaneja, cometido el 22 de junio de 1981 en Irún (Guipúzcoa).

También está acusado de la muerte de Luis Miranda, asesinado el 5 de julio de 1981 en Oyarzun (Guipúzcoa), en un atentado en el que también resultó herida otra persona, y está procesado por pertenencia a banda armada y asociación ilícita.

También será extraditado próximamente Jesús María Goitia, procesado por el juzgado úmero 1 de la Audiencia Nacional por la colocación de una bomba en el barrio de Olanke, en Oñate (Guipúzcoa), atentado en el que murió un artificiero.

Asimismo, las autoridades uruguayas entregarán próximamente a Miguel Ibáñez Oteiza, procesado en España por los asesinatos de Sebastián Aizpiri y de Francisco Javier Zabaleta Aizpitarte, ambos cometidos en 1988, así como por los delitos de robo de vehículo, detención ilegal, estragos, pertenencia al "comando Eibar", depósito de armas y asociación ilícit.

Según las mismas fuentes, los otros etarras que viven en Uruguay cuya extradición fue solicitada por España, aunque denegada por las autoridades uruguayas, son Rosario Delgado, procesada por el asesinato en 1985 de Ricardo Tejero Magro y por asociación ilícita y pertenencia a banda armada; Pedro María Gómez López, procesado por la Audiencia Nacional por pertenencia a banda armada, y Amaya Araquistain, acusada de pertenencia al "comando Eibar".

Asimismo, en la misma situación se encuentran JesúsMaría Lariz Iriondo, procesado por pertenencia al "comando Iraultza", asociación ilícita, pertenencia a banda armada, robo y depósito de armas, y Juan José Urrutia Pia, acusado de asociación ilícita, robo y tenencia de armas, mientras que también residen en Uruguay Cándido Ostolaza y Ramón Angel Hernández, aunque su extradición no ha sido solicitada por la justicia española.