Asimismo, ha pedido a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional que investigue la situación profesional de otros 9 etarras excarcelados, algunos de ellos condenados hasta por cinco asesinatos, también para que sea embargada parte de sus sueldos para la satisfacción de las responsabilidades civiles. La fisalía hace extensiva estas gestiones a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados por los delitos de asesinato y otros.

En concreto, la fiscalía solicita en el escrito remitido a Beltrán, al que ha tenido acceso Servimedia, los nombres y apellidos de los reclusos de ETA que disfrutan del tercer grado en la actualidad y la fecha de concesión de esa medida, así como la institución o centro penitenciario que realiza su control y seguimiento.

Además, el ministerio público se interesa po los trabajos que pudieran estar realizando estos etarras en tercer grado, dado que para obtener la reclasificación es necesario que el recluso disponga de un empleo, como ocurrió con Amedo y Domínguez, y pide a la administración penitenciaria que especifique la empresa a la que pertenezcan y los ingresos económicos que perciban.

DONDE TRABAJAN

Por su parte, la fiscalía ha pedido al comisario de la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional que investigue el centro o empresa en la que esténtrabajando, ingresos económicos que perciban y situación patrimonial actual de 9 etarras que disfrutan del tercer grado.

Estos son Ramón Zapirain, condenado por dos asesinatos; Franciso Javier Gallego Burguete, condenado por estragos y secuestro y por tenencia de armas; José Ramón Bidaburru Otaduy, condenado por 5 asesinatos y por tenencia de armas, e Ignacio Apilanez Olalde, condenado en 7 ocasiones por estragos, en otra por atentado y por dos asesinatos, uno de ellos frustrado.

Asimismo, pide ivestigar a Juan José Iradi Lizarazu, condenado por tres asesinatos; Angel Hernández Tiemblo, condenado por un asesinato; Joaquín Zubillaga Artola, condenado por 5 asesinatos y por estragos; Fermín Eliceche Ezcurra, condenado por pertenencia a banda armada, atentado y lesiones y José Miguel Suescun Sanz, condenado por colaboración y atentado.

Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que las indemnizaciones a las que tienen que hacer frente estos etarras, cuyo pase al tercer grado fue conocido por lafiscalía a través de los medios de comunicación, ascienden en total a varios miles de millones de pesetas, dado que oscilan entre 20 y 30 millones en los casos de asesinato, mientras que los daños y estragos causados en un atentado pueden superar los 200 millones.

Indicaron que es el tribunal sentenciador el que tiene la potestad para embargar una parte de los sueldos de los etarras, quienes, tras serles aplicada esa medida, deberán percibir al menos el sueldo mínimo interprofesional. Agregaron que lacuantía embargada dependerá del montante del sueldo y de las indemnizaciones a las que tengan que hacer frente, por lo que, en la mayoría de las ocasiones, el embargo puede prolongarse durante toda la vida laboral del etarra.

Esta iniciativa, según las mismas fuentes, tiene la finalidad de poder conocer la situación en la que se encuentran los etarras encarcelados, dado que ninguna de las resoluciones por las que fueron concedidos los pases al tercer grado fue comunicada a la fiscalía ni al tribunal entenciador dado que no hay obligación legal de ello aunque "sería lo lógico".

Estas fuentes recordaron que a principios del presente año la Fiscalía General del Estado remitió una circular en la que recordaba a los fiscales que hicieran un seguimiento de la situación patrimonial e ingresos económicos de todos los condenados al pago de indemnizaciones para que hicieran frente a las responsabilidades civiles.