La creación de esos nuevos juzgados autonómicos fue propuesta el pasado 4 de enero por el ministro del Interior, Antoni Asunción, quien explicó que su instauración tiene la finalidad de "descargar" de trabajo a la Auiencia Nacional y acortar el tiempo que transcurre entre la detención de los narcotraficantes y su juicio para evitar la destrucción de pruebas en su contra.

Asunción añadió entonces que dichos juzgados podrían tener competencias en varias comunidades y que sus titulares, además de instruir los sumarios, también podrían juzgar a los procesados por narcotráfico.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional consultadas por esta agencia afirmaron que la creación de esos órganos "no tiene razón deser", ya que "vaciarían de contenido" a la Audiencia Nacional, que sólo sería competente entonces para cuestiones de terrorismo.

Afirmaron que en el caso de las "pocas" operaciones de narcotráfico que afectan sólo a una autonomía determinada, su competencia es de las audiencias provinciales, mientras que las que tienen carácter nacional o internacional, que son la mayoría, corresponden a la Audiencia Nacional, por lo que, en su opinión, no es necesaria la creación de nuevos órganos.

Tras señalar ue ocurre lo mismo con los delitos económicos, consideraron difícil que prospere esa iniciativa, que actualmente estudia el Ministerio de Justicia, ya que su implantación implicaría un elevado coste económico, en personal y medios.

Además, ni la Audiencia Nacional ni la Fiscalía de este organismo ni el Consejo General del Poder Judicial han incluído en sus respectivas memorias esa propuesta, que, además, supondría importantes modificaciones legales.

A juicio de las fuentes consultadas, las competncias en materia de narcotráfico están bien repartidas en la actualidad y se mostraron partidarias de "repartir mejor" todos los asuntos entre los juzgados centrales de la Audiencia Nacional -incluyendo el del juez Miguel Moreiras, que actualmente sólo entiende de asuntos económicos- o de instaurar nuevos juzgados en ese organismo o secciones en las audiencias provinciales, pero no de crear nuevos órganos judiciales.