Fuentes de ese organismo señalaron que, a pesar de ello, las autoridades de Méjico no han accedido ni a la extradición ni a la detención preventiva de ninguno de los presuntos etarras solicitadas por España, ya que stimaron que se trataban de delitos políticos.

Las fuentes consultadas afirmaron que el tratado suscrito en 1978 entre España y Méjico es "técnicamente bueno y correcto", ya que permite la extradición de cualquier español que se encuentre en ese país sin limitación de los delitos porque, según indica, darán lugar a la extradición los hechos sancionados con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea superior a un año.

Asímismo, destacaron que sólo señala que no accederá a la entrega "por delits considerados como políticos por la parte requerida".

Por ello, a su juicio, no es necesario mejorar dicho tratado porque ya tiene una base jurídica suficiente para formalizar la extradición de los presuntos etarras e indicaron que la negativa de las autoridades mejicanas a la entrega de los terroristas responde a una falta de voluntad política.

Como ejemplo de ello, recordaron que la Fiscalía solicitó a principios de los años 90 la extradición del presunto etarra Esteban Murillo Zubiri, supuest integrante del "comando Nafarroa", acusado de dos delitos de asesinato, uno de ellos frustrado.

Sin embargo, aunque fue detenido preventivamente, Méjico denegó la entrega de Murillo Zubiri, alegando que los delitos por los que España pidió su extradición eran "políticos y sindicales".

Posteriormente, las autoridades españolas volvieron a solicitar a Méjico la detención preventiva de otros 5 etarras, que no fue llevada a efecto. La de uno de ellos, Bonifacio García Niño, fue requerida hace dos añs por su participación en el secuestro en 1985 del dirigente del Atlético de Bilbao Juan Pedro Guzmán, que fue liberado por las fuerzas de seguridad.

Además, el año pasado Méjico no accedió a la detención de la etarra Begoña Sánchez del Arco, acusada en España de pertenencia a banda armada.

La modificación incluída en el tratado de extradición con Méjico comprende entre los delitos motivo de entrega aquellos recogidos en el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo y señala expresamente qe "en ningún caso se considerarán delitos políticos los actos de terrorismo". Las autoridades españolas calculan en unos 200 los etarras que residen en Méjico.