Según adelantó el Ministerio Público, en la demanda, de 109 folios de extensión, el fiscal explica "que se ha producido una cesión a favor de la organización ilegal Batasuna de los derechos y prerrogativas que concede la normativa electoral a ANV".

Además, en el escrito se asegura que, "tras una inicial ambigüedad calculada respecto de los actos terroristas de la banda ETA, (en ANV) han minimizado las acciones violentas de los terroristas, para terminar asimilando el discurso clásico de Batasuna".

El Ministerio Público ha apreciado estas conductas en algunos representantes de ANV tras los atentados de la T4 de Barajas o el que costó la vida a dos guardias civiles en la localidad francesa de Capbreton.

Asimismo, la Fiscalía se refiere a que "la alcaldesa de Hernani ofreció muestras de apoyo a dos de los terroristas presuntamente responsables del atentado y que el representante de ANV en el Ayuntamiento de Baracaldo se negó a condenar el acto criminal realizado".

En el relato de hechos que realiza el Ministerio Público, se incluyen "las conductas de apoyo a los actos de coacción social vinculadas al terrorismo en el País Vasco".

En concreto, se alude "a la campaña sistemática contra la construcción de la línea de Alta Velocidad en el País vasco, en la que ANV ha asumido los postulados de amenaza e intimidación sostenidos por ETA y la organización ilegal Batasuna.

El fiscal argumenta ante a la Sala 61 del Supremo la queconsidera "íntima conexión existente entre ANV y Batasuna respecto de la gestión de fondos bancarios, cuya investigación policial ha descubierto una verdadera estrategia de cooperación mutua".