Según el representante del ministerio público, esta red contaba con el apoyo de funcionarios policiales de Gran Canaria y Tenerife y con el de un despacho de abogados, que se encargaba de las finanzas de la banda.

El principal implicado en el caso, según el periódico "Canarias 7", es Santos G.P., que operaba desde la Línea de la Concepción, a donde llegaban importantes cantidades de dinero mediante giros postales que se utiliaban en la adquisición de drogas enviadas por el abogado Eduardo C.E.

Entre los policías implicados, el fiscal destaca al inspector Emilio P.R., adscrito a la comisaría de Maspalomas, quien se encargaba de informar a Santos G. de la vigilancia establecida por las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones datan de 1993, al ser detenida la compañera de Santos G. cuando trataba de introducir en Málaga varios gramos de hachís y cocaína, suministrada en la Línea de la Concepción.

La policía descurió posteriormente una ramificación de la trama en Tenerife, donde fueron detenidos Higinio F.S. y Alfredo G.C. cuando trataban de abrir nuevos mercados para la cocaína del capo gallego Chayán G.M. Según el fiscal, los implicados se encontraron en cafeterías de Madrid y se llegaron a desplazar a Pontevedra para negociar el precio de la droga hasta que la policía desmanteló la organizacion en julio de 1993.