En el capítulo de las "Jutas de Fiscalía", la memoria firmada por el fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo recoge un acuerdo que tal junta elevó a Cardenal cuando se produjo el ataque de Gil.

El texto explica que los acusados poderosos "utilizan todos los medios a su alcance" para intoxicar a la opinión pública con datos falsos y ataques que no pueden ser respondidos porque sería motivo de abstención, por parte del fiscal atacado, o de recusación, por parte del investigado.

"Sorprende, sin embargo", prosigue el acuerdo d la junta incluido en la memoria, "haber conocido através de los medios de comunicación que V.E (Cardenal) ha recibido una carta del imputado aludido al principio (Gil), información que no hemos visto desmentida por V.E, en la que se contenían descalificaciones injustificadas y ofensivas, y afirmaciones falsas respecto de los fiscales de esta fiscalía".

La Fiscalía anticorrupción reprocha a Cardenal que, aún cuando no existe previsión legal, haya otorgado amparo en otros casos, y no en los ataques de il que "además de perjudicar individualmente a los fiscales afectados, suponen, cuando quedan si respuesta, el descrédito general de la institución".

"Esperamos", concluye el acuerdo recogido en la memoria, "que tal reacción se produzca todos los fiscales tienen derecho a que la Fiscalía General del Estado".

YA LO DENUNCIARON EN SU DIA

El reproche que ahora ponen por escrito los miembros de la llamada Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción a fue formulada oralmente en febrero del año pasado, nada más producirse los primeros ataque de Gil.

El fiscal general del Estado negó entonces pasividad e instó instó a los fiscales anticorrupción a tomar las medidas legales contra quienes, como Gil, critican su trabajo.

"El que yo salga a decir algo no va a añadir nada nuevo", aseguró Cardenal el 24 de febrero del 99, reconociendo al mismo tiempo que la situación es "peculiar" porque el delito de desacato ya no existe.

Jesús Cardenal señal que no puede compararse, por ejemplo, la situación de los fiscales anticorrupción con la de la fiscal de Bilbao Mercedes Bujanda, quien solicitó el traslado fuera de Euskadi debido a las amenazas que venía recibiendo por parte del entorno etarra.

El fiscal general del Estado aclaró que viajó en su día al País Vasco para mostrar su apoyo a Mercedes Bujanda, pero no para ampararla.