Esta fiscalía, encargada habitualmente de cuestiones relativas a grandes fraudes de carácter económico, se ocupa desde hoy de la investigación para delimitar si existió fraude a los más de 11 millnes de usuarios que podrían haber sido afectados por el aumento de tarifas.

El pasado 23 de abril, el juez Javier Gómez de Liaño, por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, decidió abrir una investigación para conocer todos los detalles sobre la operación de aumento de precios llevada a cabo por las compañías que, en su día, achacaron a un subida del precio del crudo la necesidad de incrementar las tarifas.

La Sala de lo Penal informó en su decisión que debía admitirse a trámite l querella de un afectado, Pablo Antonio Iglesias Perini, y señaló que la denuncia se refería a "un comportamiento sancionado penalmente (...) como maquinación para alterar el precio del transporte aéreo mediante engaño".

Además, insiste la Sala, "resulta incuestionable" que de haberse tratado de "una irregular y fraudulenta subida de precios", el perjuicio habría recaído en "una generalidad de personas en todo el territorio nacional, consumidores potenciales y efectivos de un servicio público necesari".

PRIMERAS DECISIONES

La Fiscalía Anticorrupción deberá ahora estudiar toda la documentación requerida por el juez Gómez de Liaño a las tres compañías aéreas, al Ministerio de Economía y al Tribunal de Defensa de la Competencia.

Se trata de los libros de contabilidad de todas las empresas, del listado de los componentes de los respectivos consejos de administración y de los datos de la investigación que Economía inició con motivo de la subida de precios, en abril de 1997.

De hecho, el jue tiene intención de citar a los miembros de los consejos de administración para comunicarles la querella e instruirles de sus derechos.