En la memoria, el fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, recuerda que, en 1996, un año después de su puesta en marcha, una instrucción del entonces fiscal general, Juan Cesáreo Ortiz Urculo, acotó el terreno de investigación para evitar "discreccionalidad".

No obstante, el texto señalaba que mediante "decisiones particularizadas" el fiscal general podría atribuir a ese órgano más investigaciones. Incluso, en materias competenciaclara de la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción adelantaba que "no sería necesaria una nueva decision del fiscal general" confirmando la competencia.

"Sin embargo", advierte el fiscal jefe anticorrupción, "la práctica ha ido conformando un modo de proceder contrario a esa tendencia".

De tal modo, prosigue, que la "institucionalización" de la Fiscalía Anticorrupción se está haciendo en orden "restrictivo de los principios democráticos que venían rigiendo desde 1981 (Estatuto Fiscal) y que no amite otra interpretación que la de intensificar el control del fiscal general del Estado cuando la Fiscalía Especial se enfrenta a la delincuencia del poder público o económico".

Un dato, explica Jiménez Villarejo, que tiene "especial significación" por cuanto el Ministerio Fiscal no es independiente del poder político. El fiscal anticorrupción confía, no obstante, en que la creación de un ministerio Público al ampro del nuevo `Corpus Iuris' de la Unión Europea "contribuya a avanzar en España en esa drección".