"Entendemos que sería una resolución no ajustada a derecho", dijo Castresana a la Ser. "La decisión de trasladar no es potestativa para el Consejo de Ministros. Es una facultad reglada y el Consejo de Ministros está sujeto a la ley, igual que todos los ciudadanos".

Por lo tanto, en opinión de la UPF, la decisión de nosancionar a la fiscal Márquez de Prado, en caso de producirse, sería recurrible por la vía contencioso-administrativa.

"No se trata de que a un funcionario se le pueda designar un destino u otro", agregó Castresana, "sino que hay una serie de causas establecidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en virtud de las cuales, y concurriendo las circunstancias de hecho, procede el traslado".

Según la UPF, a eso habría que añadir que la decisión del Consejo Fiscal fue unánime y "plenamente acrtada", por lo que entiende que el Consejo de Ministros no puede resolver si la sanción procede o no.

Castresana indicó que este asunto está haciendo "muchísimo daño" a la carrera fiscal. "Nosotros hemos hecho diversas y sucesivas llamadas a la concertación, al sosiego y a la tranquilidad, pero parece que hablamos en el vacío. Nosotros hicimos un ofrecimiento hace ya varios meses al fiscal general del Estado de toda nuestra colaboración para llegar a una salida lo más razonable y lo menos traumática psible de la Audiencia Nacional, pero esa crisis se agrava desgraciadamente cada día", explicó el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.

Concluyó que el deterioro y el desprestigio de la Audiencia Nacional van en aumento y que eso tarda en subsanarse, e insistió en que las decisiones no deben adoptarse por razones políticas, sino estrictamente jurídicas.